lunes, 28 de octubre de 2013

Listado de ingenieros sancionados


Apartados del servicio
Separación
Acuña y Gómez de la Torre, José 23/06/1939
Aguirre Guisasola, Vicente 02/11/1937
Aguirrezabala Ibarbia Diego 19/08/1937
Armero Pla, José 23/06/1939
Ballester Abadía Antonio 30/04/1937
Barrio Duque, Moises 18/12/1936
Belda Soriano de Montoya, Emilio 23/06/1939
Bizcarrondo Gorosabel , Nicolas 11/02/1937
Bizcarrondo Gorosabel, Alfredo 23/06/1939
Bizcarrondo Gorosabel, Antonio 19/02/1937
Bolinaga Solaún, Juan José 23/06/1939
Bonet Guilany, José 23/06/1939
Brull Gas, José 09/06/1942
Cantos de Abad, José 07/12/1939
Cruañas Ruldua, Jaime 09/06/1942
Diamante Cabrera, Juan Bautista 23/06/1939
Diamante Cabrera, Julián 23/06/1939
Diamante Menéndez, Julio                Muerto en la cárcel en 1945 23/06/1939
Diaz del Castillo y Español, Eugenio 21/12/1939
Díaz Marquina, Arturo 21/11/1936
Díaz- Marta Pinilla, Manuel 21/11/1936
Díaz Pache, Carlos Fusilado en Badajoz
Durán Tovar, Francisco 23/06/1939
Escosura y Escosura, Rafael 23/06/1939
Gadea Loubriel, Rafael 23/06/1939
Gallego Herrera, Fernando 05/05/1941
Gaos González Pola Carlos 30/04/1937
García Reyes, Enrique 29/12/1939
Gómez Zapatero, Antonio 23/06/1939
González de Langarica y Ajuria, José 02/03/1938
González Salas, Mariano 29/12/1939
Hereza García Juan 07/01/1937
Lasso Conde, Albino 23/06/1939
López Larrañeta José Luis 30/04/1937
Lorente de No, Fernando 25/03/1940
Lozano Ruiz, Juan                 Fusilado en Valladolid                                      23/06/1939
Luaces de Cañedo, Vicente 19/05/1938
Luque Argenti, Juan José 23/06/1939
Machin de y Ocio Cristóbal 15/07/1937
Martín Baringo, Pedro 26/08/1939
Martín Elvira, Victor 23/06/1939
Martínez Díaz, Luis 08/07/1939
Molero Gimeno, Federico 23/06/1939
Monzon  Reparaz Carmelo 11/02/1937
Morales Lahuerta, Carlos 23/06/1939
Moriel Sarría, Manuel 10/05/1937
Morollón Belmonte, Teodoro Fusilado en Oviedo
Orad de la Torre, José Muerto el 20/07/1936
Pastor Santamaría, Adolfo Fusilado en Huesca
Pinto Maldonado Gregorio 30/04/1937
Quilez Araque, Pablo 29/02/1940
Rios delos Martín,  Félix 23/06/1939
Rodríguez Noguera, Cayetano 12/06/1940
Romera García, Juan 23/06/1939
Romero Gil Francisco 20/08/1941
Rotaeche y Velasco, Antonio 19/08/1937
Sahuquillo Saiz, Antonio Luis 15/11/1940
Salmerón García, José Fallecido en 1938
Salvidegoitia Yurrebaso Antonio 19/08/1937
Santa Cruz y Garcés de Marcilla, Juan José Fusilado en Granada en 1936
Seminario Got, José Maria 23/06/1939
Sena López, José 23/06/1939
Serrano Piñana, Juan 23/06/1939
Soto Redondo, Nicolás 23/06/1939
Torre de la Parras, Silverio 23/06/1939
Vázquez Lorenzo, Adolfo 09/04/1940
Velao Oñate, Antonio 23/06/1939
Velo Temes, Benito 25/03/1940
Yañez Arroyo, José                                                   26/03/1939                                                            
Zaldua Uriarte Roque                                                 9/11/1937




Admitidos con Sanción
Arrillaga de la Vega, Andrés 11/03/1940                              
Beltrá Navarro, Juan Bautista 12/07/1940
Blasco Roig, Joaquín 14/03/1940
Calabrús Risquez, José 08/03/1940
Díez Ronda ,Manuel 17/09/1940
Epeldegui Fernández, Pedro 29/03/1940
Fernández Casado, Carlos 29/03/1940
Ferrer Grieva, Félix 11/03/1940
González Jiménez, Vicente 06/04/1940
Ledesma Valmorisco, Fernando 02/01/1940
López Díez de Bedoya, Francisco 11/03/1940
Mano de la Lastra, José 27/05/1940
Mantecón Navasal, Alfonso 29/03/1940
Mariño González, Antonio 02/01/1940
Molero Levenfeld, José 11/04/1940
Montañés Pascual, Juan 10/05/1943
Orduña y Fernández, José Luis 05/10/1940
Paredes Granados, Donato 29/12/1939
Rodero Rodero, Francisco 29/09/1940
Rodríguez Bachiller, Tomás 27/12/1945
Sánchez Guerra y Saiz, Luis 17/07/1941
Vegazo Mansilla, Rafael 28/02/1941





Los ingenieros de Caminos fieles a la República

Estimulado por un comentario de Miguel Angel del Val he hecho una pequeña investigación sobre este asunto, del que probablemente me ocuparé mas a fondo, cuando disponga de tiempo suficiente, tras mi jubilación.

Sobre este asunto se han escrito dos libros muy interesantes : el libro De Madrid al Ebro de Julian Diamante Cabrera y el de Angel Mario Carreño "De la zanja del olvido al olvido de la zanja". Estos libros contemplan la cuestión desde una perspectiva diferente: el primero de ellos es un relato autobiográfico de un ingeniero leal a la República, y el segundo es un análisis de la actuación de los ingenieros de caminos en la década 1930 -1939, escrito con pretensiones de neutralidad.

Con los libros anteriores y la consulta a los boletines oficiales correspondientes, y alguna otra información dispersa por la red se pueden sacar algunas conclusiones rápidas, sin perjuicio de un trabajo más detenido sobre los expedientes judiciales y administrativos de los interesados.

El número de ingenieros de caminos sancionados por su adhesión a la República tras el 18 de julio de 1936 es de 92 sobre 1.186 miembros del escalafón de 1936, es decir un  7,8%.

De ellos 70 fueron expulsados del Cuerpo y 22 sancionados con traslados forzosos, postergación o incapacidad para ocupar cargos directivos, de acuerdo con la Ley de 10 de Febrero de 1939.

A cinco de los expulsados del Cuerpo se les aplicó , con mayor o menor pretendida cobertura jurídica, el bando de guerra y fueron fusilados en el comienzo de la contienda ( Carlos Díaz Pache, Juan Lozano Ruiz, Teodoro Morollón Belmonte,  Adolfo Pastor Santamaría, y Juan José Santa Cruz). José Orad de la Torre murió el 20 de julio de 1936 en lo que puede considerarse una acción de guerra. José Salmerón murió durante la contienda de muerte natural.

Por lo que se refiere al perfil político- ideológico de los sancionados cabe considerar los siguientes grupos

  • Ingenieros de cierta edad y posiciones altas en el escalafón, generalmente de ideología republicana y ,con toda probabilidad, muchos de ellos miembros de la masonería.
  • Ingenieros jóvenes de ideología izquierdista, socialista y comunista que hicieron la guerra en el ejército de la Républica alcanzando en general grados entre  comandante (mayor) y teniente coronel de Ingenieros o Artillería.
  • Aquellos ingenieros que prestaron servicio al Gobierno de Euzkadi o a la Generalitat de Cataluña y fueron sancionados por esa causa.
Tras la guerra, algunos ingenieros partieron al exilio, varios de ellos muy significados políticamente, como Antonio Velao o Moisés Barrio Duque. En general se exiliaron a países de Sudamérica donde continuaron desarrollando su carrera técnica de forma brillante.

Los que permanecieron en España fueron, en algunos casos juzgados por tribunales militares y condenados a penas de cárcel, que cumplieron beneficiándose de posteriores indultos, salvo en el caso de Julio Diamante Menéndez que condenado a 20 años, murió en la cárcel

Algunos de los expulsados del Cuerpo , vieron facilitada su vida profesional por sus compañeros de Cuerpo, sobre todo por aquellos que dirigían empresas constructoras, que no vacilaron en contratar a sus compañeros sancionados.

El trabajo que resta consiste en analizar los expedientes judiciales o administrativos de cada uno de ellos. Ya adelanto que hay biografías verdaderamente apasionantes y posiciones políticas poco esperables en un colectivo, que por su procedencia social e incluso por sus funciones, tenía una actitud política francamente conservadora y que por ello sufrió una dura represión en el territorio dominado por la República en los primeros momentos de la contienda  Aquellos que la sufrieron tuvieron amplio reconocimiento por parte de los ganadores de la guerra

martes, 8 de octubre de 2013

Los Estudios informativos

Un información que me pasa Paco  Díaz Pardo sobre determinados estudios informativos de proyectos ferroviarios (http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-05/fomento-dedico-mas-de-diez-millones-a-proyectos-ferroviarios-desaparecidos_37199/) me incita a escribir algo sobre este asunto.

Lo que dicen la normas sobre el Estudio Informativo, es que es necesario antes del inicio de cualquier obra importante en la Red Ferroviaria de Interés General. Debe ser aprobado por el Ministerio de Fomento y "comprende el análisis y la definición, en aspectos tanto geográficos y funcionales de las opciones de trazado de una actuación determinada y en su caso de la selección de la alternativa mas recomendable como solución propuesta. El estudio informativo incluirá el estudio de impacto ambiental de las opciones planteadas y constituirá el documento básico a efectos de la correspondiente evaluación ambiental prevista en la legislación ambiental"

Como puede verse, el Estudio Informativo (EI) juega un papel importante a la hora de la ejecución de unas obras que la planificación, se supone que un estudio de viabilidad, ha determinado su necesidad y su carácter de eficaz y eficiente para la política de transporte ferroviario adoptada por aquella.

Lo que ocurre es que el EI cumple en nuestro sistema otra función mas y esta es contentar a todos aquellos que desde la política y desde otros ámbitos, piden la ejecución de obras ferroviarias, que no soportarían un mínimo análisis de viabilidad.

Los responsables políticos, en vez de aclarar que la petición es injustificable desde el punto de vista de la defensa del interés público, y aún a sabiendas de ello, deciden contentar a los peticionarios y para ello nada mejor que encargar un EI. Con ello consiguen varios objetivos:
  • Dan la sensación de que admiten la propuesta de obras contentando así a los interesados, explicando que el EI es un primer paso hacia la construcción.
  • El anuncio de la contratación de un EI da siempre presencia mediática local
  • Ganan tiempo, ya que un EI puede tardar en elaborarse dos años
  • Dan trabajo a las empresas de consultoría ingenieril siempre necesitadas de actividad
  • Con un poco de suerte consiguen que el tiempo vaya reduciendo la presión sobre la ejecución de la obra con lo que el EI puede perderse en un cajón sin siquiera someterse a la evaluación ambiental
El problema es que el EI cuesta algún dinero, pero siempre puede servir para argumentar que se ha invertido en determinada provincia

Así pues desconfíen cuando un responsable político anuncia un EI sobre una obra de mas que dudosa utilidad. En la mayor parte de los casos se trata de lo que en Andalucía llaman "dar una patada a la lata", es decir, quitarse un problema de delante y trasladarlo en el tiempo hasta mejor ocasión



jueves, 4 de julio de 2013

Comentarios al informe MOBILITE 21 "Pour un schéma national de mobilite durable" o Informe Duron


Como todo trabajo de una comisión seria, el informe Mobilite 21 (en adelante Informe)  contiene en uno de sus anexos la carta de encargo del ministro delegado de Transportes, Mar y Pesca. También publica un listado de los miembros que componen la comisión, resaltando su significación política y profesional.

Ello permite desde el primer momento identificar el objeto de la comisión, que no es otro que el establecer prioridades entre los diferentes proyectos de inversión contenidos en el Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT). Se considera necesaria esta tarea  como un ejercicio de realismo  a la vista de las futuras disponibilidades presupuestarias.

El SNIT fue presentado por el gobierno en noviembre de 2011 y éste lo elaboró siguiendo un mandato legal derivado de los acuerdos llamados "Grenelle del medio ambiente". El SNIT contiene un conjunto de proyectos de los cuales: 28 son  proyectos ferroviarios, 11 proyectos portuarios, 3 proyectos de canales navegables y 28 proyectos de carretera.

La composición de la comisión indica que sus decisiones se tomarán siguiendo criterios políticos, procurando alcanzar el máximo de consenso. Por ello los participantes pertenecen a los diferentes partidos del arco parlamentario francés. Para poder ejercer de forma solvente su labor, la comisión cuenta con el apoyo técnico de profesionales que prestan servicio en las instituciones públicas competentes en materia de infraestructuras.

Para la jerarquización de los proyectos la comisión ha efectuado una evaluación  de los mismos que se ha basado en cuatro áreas de análisis:


  • Contribución de los proyectos a los objetivos de la política de transportes: contribuir a la competitividad económica de Francia,  favorecer la integración europea, reducir las desigualdades territoriales y mejorar los desplazamientos de proximidad.
  • Efectos de los proyectos sobre el medio ambiente, principalmente en lo referido a la reducción de emisiones de efecto invernadero, y a su contribución al transporte público de pasajeros y al transporte masivo de mercancías (ferroviario y fluvial).
  • Efectos sobre la colectividad entendidos como contribución de las inversiones  a los programas de ordenación del territorio, a la reducción de las cargas a soportar por los que viven cerca de las infraestructuras y a la mejora de la seguridad y salud.
  • Rendimiento socio-económico de los proyectos valorado mediante un análisis coste-beneficio clásico
La comisión ha querido dejar patente su filosofía respecto a las inversiones en infraestructuras presentando los objetivos que han guiado sus criterios a través del conjunto del trabajo. Estos objetivos han sido:

  • Garantizar que el uso de las infraestructuras ya construidas se realice con la mayor calidad posible
  • Enfatizar  en que lo importante de las nuevas infraestructuras es la calidad del servicio que prestan 
  • Mejorar el conjunto del funcionamiento del sistema ferroviario francés
  • Renovar los mecanismos de gestión pública del transporte y su financiación 
A lo largo de todo el Informe se desprende que la comisión es partidaria de procurar un uso eficiente de las infraestructuras existentes antes de lanzarse a invertir en nuevas infraestructuras que sustituyan a aquellas. Para ello se defiende agotar la  capacidad de las infraestructuras existentes mejorando su gestión y dedicando atención preferente a la conservación.

El Informe muestra que la comisión no ha alcanzado acuerdos unánimes respecto a todos los asuntos abordados, pero si que ha conseguido un consenso para dividir los proyectos del SNIT en tres grupos:


  • Aquellos proyectos que deben ejecutarse desde ahora hasta el año 2030
  • Los que deben ejecutarse a partir de 2030
  • Otros proyectos con horizonte temporal más lejano y por el momento indefinido
A pesar de que el Informe efectúa un análisis sobre proyectos que tienen que ver con varios modos de transporte, la repercusión del Informe en España se ha centrado sobre todo en los proyectos de ferrocarril de alta velocidad. Ello es debido a dos circunstancias.

 La primera consiste en que los proyectos de conexión con la frontera española (Burdeos - Hendaya y Montpelier - Perpignan) forman parte de aquellos cuya ejecución se retrasa más allá de 2030. La segunda tiene que ver con la existencia  en este momento en España de una reflexión sobre la pertinencia de replantear los proyectos de alta velocidad ferroviaria contemplados en el PITVI, por lo que el Informe se ha presentado como un espaldarazo a las posiciones de aquellos que defienden limitar las inversiones en ferrocarril de alta velocidad en España

Sin entrar en el fondo de este último debate, que pienso debe abordarse en la forma que la final señalaré, convendría hacer algunas precisiones por lo que se refiere a la situación en Francia:

  • En este momento se están ejecutando en Francia importantes inversiones en alta velocidad, algunas de ellas con recurso a fórmulas de colaboración publico - privada.
  • Las inversiones que se propone retrasar se encuentran en un estadio muy inicial de su tramitación
  • El retraso de las conexiones con España se propone con el fundamento de que la capacidad de las actuales infraestructuras es suficiente para soportar los tráficos previstos
  • Las conclusiones del informe sobre los proyectos ferroviarios de alta velocidad han provocado, también en Francia, tensiones políticas territoriales
En España la situación es algo diferente porque, en desarrollo de unas tácticas mas que discutibles, casi todas las infraestructuras de alta velocidad previstas en el PITVI tienen algún tramo en ejecución o en fases avanzadas de proyecto, con lo que un replanteamiento del gasto en las mismas implicaría tratar de obtener el máximo aprovechamiento de lo ya invertido y la combinación de su uso con las infraestructuras existentes que se pretendían sustituir.

Lo anterior es en mi opinión muy necesario a la vista de los futuros escenarios presupuestarios y sobre todo de una evaluación realista de los tráficos. Es mas que probable que cualquier revisión desencadene tensiones político - territoriales por lo que se hace necesario abordar este asunto desde el ámbito de la política con un criterio multipartidista y la participación de todos los interesados.

Por ello sería interesante constituir una comisión parlamentaria con representantes de todos los partidos que recibiera el encargo de priorizar el conjunto de proyectos de infraestructuras de transporte contenidos en el PITVI 2012-2024, con criterios de primacía del servicio sobre las obras y del máximo aprovechamiento de las infraestructuras existentes y de las obras ya realizadas y adaptando las inversiones a unos criterios realistas de tráficos y disponibilidades presupuestarias. La comisión debería estar apoyada en el asesoramiento técnico de los profesionales que prestan servicicios en los diferentes organismos públicos competentes

El Informe puede consultarse en 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mobilite-21-pour-un-schema.html

lunes, 17 de junio de 2013


SOBRE DESVIACIONES EN COSTES Y PLAZOS, II

Como continuación a la entrada del día 27 de mayo, propongo alguna ideas que, en mi opinión pueden contribuir a mejorar el panorama de los proyectos de infraestructuras de transporte en lo que se refiere a la precisión en la predicción de plazos y presupuestos.

Por supuesto que no espero que con ello quede solucionado un problema que presenta múltiples facetas, pero si creo que las ideas que se exponen a continuación pueden ser de alguna utilidad. Presentadas de forma muy sintética son las siguientes:

  • Establecer en la normativa de redacción de proyectos la obligación de realizar un análisis exahustivo de los riesgos que pueden aparecer en la ejecución de la obra y ligar ese análisis a la fijación del presupuesto y los plazos de ejecución, de modo que uno y otro aparezcan conectados a un cierto nivel de probabilidad, de modo que la autoridad correspondiente pueda elegir ambas cifras sabiendo el grado de probabilidad de que no sean superadas, ademas de conocer las circunstancias que podrían dar lugar a que presupuestos y plazos excediesen del valor de licitación. 
  • Lo anterior podría servir para mejorar los procedimientos de adjudicación ya que permitiría valorar las diferentes ofertas sabiendo el riesgo que se asumiría por la Administración al aceptar determinadas bajas o reducciones de plazos. Sería también posible verificar la coherencia de las ofertas al conocer qué riesgos asume el contratista en su oferta, facilitando así futuras negociaciones.
  • Formar a los técnicos de las Administración que dirijan las obras en la materia de gestión de riesgos, es decir en su identificación, valoración de la probabilidad de su aparición, efectos, y asignación a la parte mas capaz de mitigarlos.
  • Exigir, a la entrada en servicio de una infraestructura, un informe final sobre los riesgos que se han materializado durante su ejecución,  la gestión que se ha llevado a cabo de los mismos y sus efectos en el presupuesto y plazos finales. Este informe sería realizado por el director de la obra y serviría para disponer de un depósito de experiencias que mejoraría la gestión de proyectos posteriores.
  • Prolongar durante al menos 12 meses el periodo de información pública, previamente a la decisión definitiva sobre el trazado.
  • Regular el modo de organizar las relaciones entre las distintas Administraciones, con competencias que afecten al proyecto, estableciendo periodos de consulta con plazos suficientes y dotados de transparencia.
  • Una vez cumplidos los trámites normativos y logrado un acuerdo entre Administraciones, hacer ese acuerdo vinculante para las Administraciones participantes, con independencia de los cambios que pudieran producirse en los siguientes procesos electorales.
  • Plantear de forma realista los plazos para la realización de los trámites administrativos de forma que estos no puedan reducirse mas que por razones de urgencia perfectamente tasadas por las normas
  • Establecer la obligación para la Administración de disponer, en el momento de la adjudicación, de un alto porcentaje de los terrenos disponibles, que podría fijarse de acuerdo con cada proyecto concreto, pero nunca inferior al 80%
Las anteriores son, como se ha dicho, algunas ideas que por supuesto no agotan el asunto y que pueden ser discutibles. Lo que parece evidente, es que los intentos de ganar tiempo forzando los trámites, no solamente no consiguen acortar los plazos, sino todo lo contrario, y ello repercute también en las desviaciones de costes.

Hay que evitar a toda costa, y normativamente si es preciso, que los responsables políticos puedan forzar los plazos de inicio de una obra, para obtener supuestos réditos electorales inmediatos, con la esperanza de que sean otros los que años más tarde tengan que asumir los problemas de aumentos de costes y desviaciones de plazos, derivadas de decisiones apresuradas de sus antecesores. Y ejemplos pueden ponerse muchos

lunes, 10 de junio de 2013


COMENTARIOS AL INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Junio 2013)

    1. En primer lugar una cuestión de forma pero que tiene su importancia. El informe no contiene ni una copia del encargo del Gobierno, ni una relación de los nombres y las circunstancias profesionales de sus miembros. Esto, que puede parecer irrelevante tiene una importancia capital a la hora de juzgar el contenido del trabajo y ello por dos razones:

  • Conocer cuál era la intención del gobierno a la hora de encargar el informe. A este respecto solo se dice que el trabajo proviene de un encargo realizado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril para  definir “un factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social”. No hubiese costado gran cosa reproducir el Acuerdo del Consejo de Ministros para comprobar la libertad de que gozaba el comité a la hora de cumplir el encargo del gobierno
  • La dedicación y experiencia profesional de los miembros del Comité es un elemento determinante a la hora de juzgar su trabajo. Nadie por muy experto que sea, es totalmente independiente de sus circunstancias profesionales y siendo el asunto de las pensiones de alta sensibilidad y objeto de atención por sectores relevantes del sector financiero, tanto de la banca como de las aseguradoras, hubiera sido conveniente que en el informe figurasen las ocupaciones de los autores del trabajo así como sus posibles relaciones con estos sectores.

2.   Hay que reconocer que el informe supone un esfuerzo destacable, sobre todo por la rapidez de su realización, escasos dos meses, lo cual demuestra una enorme dedicación por parte de sus miembros que además en su parte mayoritaria parece que tenían claras cuales habían de ser las consecuencias del  Informe probablemente antes de iniciar el trabajo. Parece que un asunto de esta complejidad podría haber requerido algo de tiempo suplementario para abordar a fondo una cuestión que puede afectar a millones de personas. Por lo demás es de señalar el empeño por mantener una exquisita corrección política, evitando en todo momento crear alarmas sobre los resultados de las reformas propuestas


3.  La impresión que produce e la lectura del informe es que el objetivo fundamental del mismo, bien disimulado a través de unas bien elaboradas coartadas técnicas, por lo demás apoyadas en matemáticas bastante sencillas, es conseguir una reducción de la proporción entre el salario medio y la pensión media.

 Esto es tan importante para el informe que lo repite ¡dos veces! con idénticas palabras en unos párrafos repetidos en la página 21 y en la página 30. En ambas citas se dice que la aplicación de los factores de equidad intergeneracional FEI y de revalorización anual FRA, a los que luego me referiré, harán que la pensión media represente un porcentaje menor del salario. Esto a los autores del informe les preocupa mucho porque “dificultaría la consecución de uno de los objetivos asignados por la Unión europea a un sistema de pensiones .mantener unos estándares de bienestar económico de la población jubilada próximos a los que mantenía en su etapa activa”

 El informe continúa: Ante esta situación la sociedad española a través de sus representantes políticos puede elegir entre una combinación de las siguientes alternativas (la negrita es original) con las que hacer frente a los efectos del previsible aumento del número de pensiones y evitar al menos parcialmente una reducción en el porcentaje que representa la pensión media sobre el salario medio:
  • Aumentar el número de cotizantes incentivando la prolongación de la vida activa de los trabajadores y mediante reformas estructurales que incentiven el crecimiento, reduzcan rápidamente el desempleo y aumenten la población activa como consecuencia de nuevos flujos migratorios, atraídos por ese mayor crecimiento
  • Aumentar los tipos impositivos, incrementar el porcentaje de los salarios que constituye la base de cotización y aportar ingresos adicionales al sistema de pensiones, por ejemplo en la línea de los niveles existentes de media en los países de la Zona Euro
  • Aceptar la disminución de la ratio de la pensión media sobre el salario medio asumiendo que los jubilados reciban pensiones del sistema público (las cuales pueden seguir aumentando en términos reales), que podrían incrementarse con ingresos procedentes del ahorro privado ( esta negrita es mía)
El párrafo anterior aparece cómo se ha dicho dos veces. Fíjense en lo que hemos denominado corrección política: se señala que las pensiones públicas podrían seguir aumentando (bien difícil con las fórmulas propuestas) y, ¡atentos!, nada de fondos privados de pensiones “ingresos procedentes del ahorro privado”, como si estuviésemos hablando del dinero guardado en el calcetín. 
     Como verán a continuación el Informe establece previsiones sobre las reducciones en las pensiones en el caso del FEI y menciona que aun con la aplicación del FRA, las pensiones podrían seguir aumentando, pero no hace una sola previsión sobre como quedaría la relación entre la pensión media y el salario medio y como evolucionaría respecto de la actual
      Resulta extraño que no se haga ese cálculo cuando la cuestión preocupa tanto a los autores que la repiten textualmente dos veces a lo largo del informe.
     4. El factor de equidad intergeneracional  FEI y el factor de revalorización anual FRA constituyen el elemento técnico  para justificar el fin buscado.

     Respecto al FEI cabe pensar si el retraso en la edad de jubilación previsto no cubre ya este efecto, porque en un sistema de reparto la solidaridad intergeneracional viene más bien de una igualdad en los años trabajados que de las cantidades cotizadas, como ocurriría si se tratase de un sistema de capitalización individual. Pero como de lo que se trata en el informe es de rebajar la relación pensión/salario, le viene bien hacer esta referencia a las cantidades, de nuevo adobada por expresiones de gran corrección política. 

Se propone una fórmula inversamente proporcional en función de la esperanza de vida que tiene la ventaja de que los primeros años afecta relativamente poco y así da tiempo para que los que tienen “capacidad de reacción” reaccionen, se supone que suscribiendo los correspondientes fondos de pensiones. Con todo y con eso, para 2051 se produciría una disminución de algo menos del 20% en la cuantía inicial de la pensión

Para que los afectados puedan “reaccionar” se prescribe, so capa de transparencia, que la Seguridad Social les avise con tiempo de cómo quedaría su pensión, para que vayan ahorrando poniendo su dinero en los mecanismos financieros que las entidades aseguradoras pondrían a su disposición

5. El factor de revalorización anual FRA es algo más sofisticado en su aparato matemático (hay derivadas logarítmicas y un aproximación líneal por Taylor, medias móviles, etc. ) .Aquí no hay previsiones claras aunque se dice  pudiera ser, que las pensiones terminaran revalorizándose. Para que las pensiones se revalorizaran con la tasa de inflación, los ingresos y los gastos (en medias móviles) deberían estar equilibrados y el crecimiento de los ingresos ser igual al de las pensiones más el efecto sustitución (todo ello en porcentajes)

6. La conclusión que se obtiene es que el resultado del informe estaba decido de antemano y consistiría, en mi opinión, en proporcionar una coartada técnico- política al intento de rebajar la relación pensión media/ salario medio con el fin de que necesiten suscribir fondos de pensiones aquellos colectivos que en este momento no sienten la necesidad de hacerlo. Hay que recordar que este negocio ha estado restringido en España a aquellos colectivos con rentas salariales superiores a la base máxima de cotización, bien apoyado en el hecho de la limitación de la pensión máxima del sistema.

Por cierto cabe señalar que el informe ni siquiera menciona de pasada, como elemento de aumento de ingresos, el destope de las bases máximas.

Estoy seguro de que alguno de los expertos redactores conoce perfectamente cuál es el  orden del porcentaje entre la pensión media y salario medio a que conducen el FRA y el FEI. En honor a la transparencia que tanto predica el informe, debería haberse publicado

Hay que reconocer que el informe se apoya en la necesidad de racionalizar el sistema de pensiones públicas de seguridad social en tiempos de crisis, cosa que nadie discute y que ya está previsto por la reforma del año 2011 pactada por los sindicatos y diseñada por expertos del propio sistema público.






jueves, 6 de junio de 2013


COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS 6 DE JUNIO


Unas muy breves palabras que quiero iniciar con el agradecimiento al Colegio, en mi nombre y en el de todos los galardonados, por la concesión de la medalla al mérito profesional.

A continuación quiero felicitar a todos los compañeros a los que se han concedido distinciones en el día de hoy. Todas ellas muy justas y muy en consonancia con sus realizaciones y merecimientos.

Por lo que a mí mismo respecta, no me resisto a recordar unas palabras de mi primer jefe, Florencio del Pozo Frutos, que con motivo de recibir una medalla, creo recordar que de la Asociación Técnica Española del Pretensado, como viera que yo tenía una expresión admirativa, me dijo algo así como “No te preocupes, ya te tocará, es una cuestión de años” y así es en mi caso y bien a mi pesar, lo de los años.

Es costumbre en este tipo de actos que quien interviene, haga alguna referencia al recorrido profesional de aquellos en cuyo nombre  habla. En este caso 16 compañeros y una compañera todos con trayectorias de grandísimo mérito. No voy a extenderme en esto, porque de la lectura de sus historiales profesionales se deriva claramente cuáles son sus logros y realizaciones a lo largo de los años, que son tantos, que su mera enunciación haría muy extensa mi intervención.

No continuaré, por tanto por ese camino, por una mera cuestión de tiempo,  que haría falta mucho y aunque dicen los clásicos que es de mal tono hablar de nosotros mismos, creo que en este momento puede resultar pertinente dedicar algún tiempo a hablar de nosotros, es decir, de los ingenieros de caminos como profesión

Somos una profesión antigua y respetable que ha ejercido sus tareas a lo largo de los tiempos con brillantez y eficacia y a veces en campos alejados, en principio de nuestra formación original: dirección de empresas, finanzas, ejercicio de altos cargos en las Administraciones Publicas, entre otros.

Por no remontarnos a tiempos demasiado lejanos, en el pasado más reciente, los ingenieros de caminos españoles hemos despertado la admiración internacional por ser los responsables técnicos del enorme desarrollo que en materia de infraestructuras ha tenido España en los últimos años. Esto no es más que la constatación de una realidad, y reconocerla nos debe satisfacer a todos.

Pero las cosas  últimamente han cambiado, no poco, y no desde luego para bien. La crisis general que vivimos, centrada sobre todo en aspectos económicos, que ha incidido en la vida de todas las personas, ha afectado también a nuestra profesión.

En mi opinión, esta afección se ha producido en tres aspectos y en ninguno de ellos sus consecuencias han sido positivas o favorables, al menos en una primera instancia.

El primer efecto de la crisis sobre nosotros, es que se considera al exceso y posterior caída de actividad en el sector de la construcción, un factor clave para explicar la intensidad especial con que la crisis ha azotado a España, en materia de  deuda y desempleo. Se hace responsable a la burbuja inmobiliaria del alto nivel de paro y de la extraordinaria deuda de las instituciones financieras y existe un consenso considerable sobre que deben buscarse nuevas vías de crecimiento, distintas de la construcción, para relanzar nuestra economía y crear  empleo. Vías basadas en la inversión en conocimiento y en I+D +i

En segundo lugar y también con motivo de la crisis, se dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y se pone como ejemplo de ese desahogo presupuestario, la inversión en infraestructuras ineficientes o poco sostenibles económicamente, señalándose como ejemplos los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin coches o, lo que a mí más me duele personalmente, los trenes sin viajeros.

En tercer lugar,   la reacción a la crisis por la vía de la austeridad materializada en la lucha contra el déficit presupuestario, ha originado una disminución drástica y repentina de la inversión en obra pública por parte de todas las administraciones, lo que ha conducido a la existencia de un alto nivel de desempleo en nuestra profesión concentrado, sobre todo, en los nuevos ingenieros de caminos. Pensemos que casi la mitad  de los titulados de las dos últimas promociones está en paro. Así nuestros compañeros más jóvenes tienen que afrontar una situación radicalmente diferente a la que conocieron cuando iniciaron sus estudios.

Ante todo esto, me parece que sería oportuna alguna reflexión colectiva y aun no siendo este, momento para profundizar en estas cuestiones, si cabe hacer algún apunte tratando de situarse en un punto intermedio entre el inmovilismo optimista que desconoce la realidad y el pesimismo paralizante, que al igual que su contrario, impide toda acción por creer que nada puede mejorarse.

De las tres cuestiones planteadas, me referiré más que nada a las dos últimas ya que la referida a la burbuja inmobiliaria toca más de lleno a otras profesiones, pero no obstante  si me gustaría señalar, que los ingenieros de caminos, tenemos mucho que aportar en la tarea de generar conocimientos e innovación en el campo de la construcción que tengan reflejo en el conjunto de la economía y  que contribuyan a la generación de nuevos modelos de crecimiento. No hay más que pensar, por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental.

Por lo que respecta a la segunda, los ingenieros de caminos somos una pieza clave en el sistema español de producción de la obra pública y por tanto debemos trabajar para volverla a colocar en el centro del aprecio de la sociedad.

Para ello tenemos que reforzar nuestros conocimientos e incrementar nuestro papel en la gestión de los instrumentos de planificación y evaluación de las inversiones, haciendo uso de los conocimientos y de la racionalidad que son propias de nuestra profesión.

Debemos  pues fortalecer nuestras técnicas para robustecer nuestra posición en los procesos de decisión,  siendo capaces de evitar, de ese modo, equivocaciones que resultan muy costosas para el contribuyente y que además son motivo de escándalo en tiempos de escasez económica.

Desde nuestros conocimientos, y ejerciendo con firmeza nuestra profesionalidad podemos logar que las inversiones en infraestructuras se basen en datos y análisis técnicos racionales. De este modo se producirá un uso más eficiente de los recursos públicos

Las infraestructuras no son un fin en sí mismas, sino que están orientadas al propósito económico y social que sirven. Nadie debe pensar que defendemos la inversión en nuevas infraestructuras desde una óptica cerrada y concentrada en nuestro propio interés, sino que lo hacemos pensando en la sociedad en su conjunto.

Debemos defender las infraestructuras como lo que son: una pieza clave en el crecimiento económico y en el bienestar ciudadano y ello es así, porque sirven de soporte a la prestación de unas actividades y servicios que promueven el crecimiento y el bienestar.

Respecto a la tercera cuestión, tenemos que trabajar para que los ingenieros jóvenes encuentren salidas profesionales dignas, aumentando el nivel de tecnificación de nuestras actividades. Si como ocurre en este momento, y al igual que las empresas, los ingenieros tienen que buscar trabajo fuera de España, que ello sea una oportunidad para su desarrollo  y que puedan hacerlo en las mejores condiciones profesionales posibles.

Precisamente por esto último, quiero reconocer la labor de todos los compañeros y compañeras que con el apoyo del Colegio están trabajando para conseguir la equiparación de nuestros estudios al título de master europeo. El esfuerzo que están haciendo lo es en beneficio de todos y por eso deben tener nuestro máximo soporte y agradecimiento.

Termino. Decía Juan Benet que su profesión, ingeniero de Caminos, era una profesión digna y tenía sin duda alguna,  razón. También y como he dicho al principio es una profesión brillante.

Pero esa dignidad y brillantez no se otorgan gratuitamente, requieren esfuerzo constante y vigilancia continuada. Por la dignidad y la brillantez de nuestra profesión hay que trabajar todos los días, evitando caer en las múltiples trampas que encierra toda actividad relacionada con el interés público y con los dineros públicos.

Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que cuando se defienden posturas apoyadas en el conocimiento, en el trabajo y en la digna práctica profesional las crisis terminan superándose y aparece de nuevo el éxito.

Muchas gracias

jueves, 30 de mayo de 2013


La ruptura definitiva entre González y Guerra

Aquellos que seguían más de cerca la política española de aquellos años quedaron sorprendidos cuando, tras vencer en las elecciones generales de 1989, Felipe González anunció que no introduciría cambios en el gobierno y que en consecuencia (o por consiguiente, que diría el interesado), todos los ministros eran mantenidos en sus puestos. Los que conocíamos las interioridades de la situación del gabinete quedamos todavía más confundidos. Existía un enfrentamiento, a veces latente, a veces abierto,  que se acentuó a lo largo del año siguiente a las elecciones de 1989, entre Guerra y sus partidarios y los que ya comenzaban a llamarse “ministros renovadores”. Entre estos últimos se encontraban Joaquín Almunia, Javier Solana y José Barrionuevo que luego y como ya vimos, manifestarían su apoyo a Leguina acudiendo al acto celebrado en el hotel Chamartín. A estos se unía el entonces secretario de estado Borrell que en la reunión citad pronunció un expresivo discurso en el que atacó la concepción del, partido mantenida por Guerra y sus partidarios[1]. Otros ministros contrarios al entonces vicepresidente eran Narcis Serra, Carlos Romero y sobre todo Carlos Solchaga, quien no se privaba de exteriorizar públicamente sus puntos de vista contrarios a Guerra[2].

A la salida de Guerra del gobierno ya me he referido en un capítulo anterior. Lo curioso del caso es que esta dimisión no fue seguida inmediatamente por un cambio de gobierno. Este se retrasó unas semanas y tuvo lugar en el momento en que el recién dimitido/cesado Guerra se encontraba nada menos que en Australia asistiendo a una reunión internacional de socialistas. Que Felipe González eligiese un momento en el que su hasta entonces segundo se encontraba exactamente en las antípodas, puede ser un hecho casual. De todos modos no deja de ser significativo y esa lejanía de Guerra jugó un papel determinante en las decisiones que tomaron algunas de las personas que protagonizaron la formación del nuevo gobierno.

González planteó una remodelación de su gobierno que puede ser considerada como una transición a la espera de cambios más profundos. Salieron del gabinete cuatro de los ministros opuestos a Guerra: Almunia, Barrionuevo, Romero y Semprún. Los ministros más afines a Guerra se mantuvieron en sus puestos y en compensación, Solchaga continuaba con la cartera de Economía y el renovador Serra fue ascendido a vicepresidente ocupando así la plaza dejada vacante por Guerra. En esta línea de equilibrios, González ofreció a Benegas una nueva cartera que recogería las competencias del Ministerio para las Administraciones Públicas que Almunia dejaba vacante y las del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular el guerrista  Virgilio Zapatero pasaba a Justicia de donde Múgica era desplazado al Ministerio de Cultura dejado libre por el impulsivo Semprún. El Ministro de Obras Públicas Sáez Cosculluela, también guerrista dejaba su puesto a José Borrell, quien por fin veía cumplirse sus ambiciones ministeriales y además al frente de un potente departamento que absorbía las competencias en materia de transportes y comunicaciones dejadas libres por la marcha de Barrionuevo.

La solución a la crisis reflejaba un cuidadoso juego de contrapesos y de intentos de atraer a las filas de la renovación a personas hasta entonces identificadas con Guerra. En esto se veía la mano de Narcís Serra, siempre cauteloso a la hora de dar pasos adelante y de Javier Solana cuyo gusto por las componendas  y deseo de contentar a todo el mundo era bien conocido. Ambos coincidían con la forma de hacer de Felipe González, que nunca ha sido demasiado partidario de soluciones radicales a la hora de resolver las crisis.

Todo aquel fino planteamiento con el que se pensaba tranquilizar a unos y a otros se vino abajo cuando Benegas comunicó a sus amigos Guillermo Galeote y Roberto Dorado la oferta  que le había hecho González a la vez que les ponía al corriente de la composición completa del previsto nuevo gobierno. A la vista del panorama decidieron ponerse en contacto con Australia para que Alfonso Guerra les orientase sobre como responder a las ofertas del Presidente del Gobierno. Cuando Guerra se enteró de que Solchaga continuaba en Economía, y que además Serra era ascendido a vicepresidente su actitud fue totalmente contraria a la entrada de Benegas en el gobierno. En eso coincidía con  Galeote y Dorado, que además pensaban que si aquella se producía, Benegas terminaría por caer bajo la influencia de Felipe González y se apartaría de la estela del guerrismo. Después de una larga conversación telefónica con el distante vicesecretario, Benegas tomó la decisión de rechazar la oferta que se le había hecho, y en consecuencia quedó fuera del gobierno. Según ha dicho algún tiempo después el propio Txiki, esta actuación le resultó nefasta para su futura carrera política. Es preciso reconocer que el político vasco se portó con gran lealtad hacia Guerra, actitud por la que este le estaría siempre agradecido.

Para salir del engorro en que le situaba su negativa, Benegas propuso a González la incorporación al gobierno de Juan Manuel Eguiagaray, que en aquellos momentos era vocal de la Comisión Ejecutiva a las órdenes de Benegas. El presidente decidió aceptar esta sugerencia aunque manteniendo la estructura de los departamentos tal como estaba. Así pues continuaron separados los ministerios de Presidencia, donde continuó Zapatero y de Administraciones Públicas donde se incorporó Eguiagaray. Para la cartera de justicia recuperó a Tomás de la Cuadra que hasta ese momento ocupaba la presidencia del Consejo de Estado.

Respecto a la cartera de Cultura, los planes de Felipe González se vieron alterados por la conducta de Enrique Múgica. Según parece, éste último reaccionó con gran enojo cuando el presidente le comunicó su cese en la cartera de Justicia. Ante este panorama, González renunció a ofrecerle Cultura y para cubrir la inesperada vacante recurrió a Jordi Solé Tura.

El resultado de la crisis significó el fin de la influencia de Alfonso Guerra en el gobierno, que había alcanzado su punto más alto en la remodelación de 1986. Aunque permanecieron en el gabinete personas cercanas a sus posiciones, lo hicieron en puestos de escasa relevancia y fuera de los principales ámbitos de decisión. Sin embargo dentro del partido las cosas eran completamente distintas[3]. La comisión ejecutiva surgida del congreso anterior parecía firmemente alineada tras Guerra. Aunque como luego veremos, bastantes de sus miembros fueron evolucionando hacia las posiciones de Felipe González.

Yo, como otros muchos, siempre había considerado que la salida de Guerra del gobierno tendría efectos nefastos para la estabilidad del PSOE, y los hechos vinieron a darnos la razón. Con el vicesecretario general en Ferraz controlando los resortes orgánicos se produjo la aparición de un foco de poder alternativo en torno al que procedieron a asociarse todos aquellos que mantenían discrepancias con la labor gubernamental o simplemente se sentían desplazados de la misma.

Sorprendentemente, uno de los centros de influencia que Guerra poseía dentro del gobierno se mantuvo intacto. Roberto Dorado fue mantenido en su puesto de Director del gabinete del Presidente del Gobierno. Mucha gente, incluido yo mismo, no entendió en aquel momento la razón de tal permanencia. Pudiera ser que se hiciese para no dar la impresión de que era Guerra y no González quien controlaba los resortes políticos dentro del palacio de la Moncloa. El hecho es que Dorado, que siempre fue un magnífico profesional, procuró compaginar como pudo las dos lealtades a las que se sentía obligado, lo que en ocasiones debió de producirle no pocos quebraderos de cabeza.

Así las cosas, en Junio de 1991 aparecieron en la prensa las primeras noticias en relación con lo que se llamó el “caso Filesa”. El nombre del asunto procedía del de una sociedad a la que un empleado, despedido de ella, señalo como parte del entramado de financiación del partido socialista. Sobre este asunto y otros parecidos se han escrito numerosos reportajes, artículos  e incluso libros. Lo mismo ocurre respecto a la financiación irregular de los partidos políticos. Por tanto mis comentarios aportarían poco o nada nuevo al respecto. Baste con decir que tengo la convicción de que España no ha sido demasiado diferente a otros países europeos en cuanto al modo en que se han financiado los partidos políticos.  Aquí, hasta la aprobación de la ley que reguló su financiación cada partido buscó los medios necesarios como Dios le dio a entender y todo el mundo lo aceptó de manera más o menos velada. Sin embargo la aparición del asunto Filesa supuso un cambio sustancial en el panorama. El Partido Popular se lanzó en tromba sobre esta cuestión con harta temeridad porque entre sus filas no tardaron en surgir escándalos parecidos. Pero el hecho de encontrarse entonces en  la oposición facilitó que el  PP se exculpase a sí mismo de sus propios pecados y se lanzase a exigir graves penitencias para sus adversarios, llegando al extremo de personarse como parte acusador en los procesos judiciales que se abrieron.

A todo esto Guerra continuaba manteniendo una estrecha relación con las organizaciones del Partido Socialista, rodeado de partidarios ante los que dejaba traslucir su sentimiento de haberse sentido engañado por González en la última crisis de gobierno. El ofendido vicesecretario explicaba a todo el que quisiera escucharle que su salida de la vicepresidencia debería haber sido compensada con el cese de Carlos Solchaga, y que por el contrario este último había permanecido e incluso se había visto reforzado. Según alguno de los que asistió a estas reuniones, Guerra insistía en que Felipe le había dejado ver que estaba dispuesto a desprenderse del ministro navarro. De aquí venían pues sus quejas y su dolor por considerarse traicionado.

Uno de los grupos que mantenían contactos con Guerra era el que, en la federación madrileña se aglutinaba en torno a José Acosta. Como ya he señalado en otro lugar, estos compañeros habían comenzado a cuestionar seriamente mi actuación como secretario general de la FSM. Entendían que yo era demasiado condescendiente con Leguina, con quien seguían en profundo desacuerdo. Mi posición se resumía en asegurar al gobierno de la comunidad autónoma la estabilidad política suficiente par que pudiese realizar su programa. Yo nunca entendí demasiado bien las pretensiones de los partidarios de Acosta aunque en algún momento llegué a comprender que manejaban la idea de separar a Leguina de la presidencia sustituyéndolo por otro diputado. Incluso en alguna ocasión se filtró a la prensa mi nombre para ese propósito. A la vista de cómo iban evolucionando los acontecimientos, decidí mantener una entrevista con Acosta donde le hice ver lo absurdo de tal pretensión y mi nula disposición a entrar en aquel juego. Le explique que, como el muy bien conocía, yo había llegado en su momento a un acuerdo con Leguina, y entendía que este último estaba cumpliendo adecuadamente su parte, de modo que mi comportamiento iría en idéntico sentido. Acosta es, o era, una persona de carácter algo fuerte y dado a la irritación y a elevar la voz más de lo conveniente. De todo ello hubo en aquella conversación y en unos términos que a mí me parecieron inaceptables. A partir de aquel momento mi ruptura con el presidente de la federación resultó inevitable.

En una de las reuniones de Acosta con Guerra, a la que asistían otras personas, se habló de mi actuación como secretario general de la FSM y de la necesidad de sustituirme, ya que no parecía  que yo con mi conducta respondiese a lo que Acosta y su gente habían esperado de mí, principalmente en lo que tenía que ver con echar a Leguina de su presidencia. Según contó después alguno de los asistentes, el vicesecretario  se ofreció a ayudarles en aquel propósito. Como suele suceder en este tipo de encuentros, la reunión y sus contenidos se filtraron a los medios de comunicación, entonces siempre atentos a los movimientos internos del PSOE. Entre lo publicado aparecieron también las críticas de Guerra contra González.

Todo aquello resultó demasiado para mi capacidad de aguante y decidí poner el asunto en manos de la dirección federal del partido que, dadas las circunstancias, no podía estar representada más que por el propio secretario general. Además inicié una serie de contactos con el fin de tantear mis apoyos en la FSM. El objetivo consistía en asegurarme de disponer de una mayoría suficiente  para continuar en mi puesto o en caso contrario proceder a dimitir. No era un asunto menor el que el presidente de mi federación se dedicase a conspirar contra mi nada menos que con el vicesecretario general del partido.

Me entrevisté con Felipe González y le puse al corriente de la situación y de mis intenciones de someterme a una moción de confianza en el Comité Regional de la FSM[4] . Mis intenciones le parecieron correctas, pero lo más significativo de la reunión fue la impresión que obtuve de que las cosas marchaban francamente mal entre González y Guerra.

Reforzado por mi visita, continué con mis planes. Gané por amplia mayoría la moción de confianza ante el Comité Regional. Aquello supuso innumerables tensiones que no es oportuno recordar ya que no pertenecen a la parte más brillante de la actividad política. Superada por el momento la situación me integré plenamente en el campo de los ya entonces llamados renovadores, donde pasé a realizar una actividad febril a la que dedicaba la mayor parte de mi tiempo y energías. Los llamados renovadores eran en realidad un conjunto bastante heterogéneo de personas unidas únicamente por su total identificación con González. Los había que llevaban tiempo enfrentados a Guerra y otros, que como yo acababan de incorporarse a esta tarea[5] . La más significativa de las incorporaciones a la renovación fue la de José Bono, que arrastró consigo a toda la federación de Castilla la Mancha. También en Andalucía comenzaban a cambiar las posiciones creando abundantes dificultades al secretario general de entonces Carlos Sanjuan, hombre de absoluta fidelidad a Guerra, quien le había colocado en el puesto en sustitución de Rodríguez de la Borbolla. Por supuesto que este último se unió con entusiasmo a la operación contra su viejo adversario.

La diversidad de orígenes dentro de los renovadores así como algunas diferencias tácticas respecto a como llevar adelante la tarea de derrotar a Guerra hicieron difícil que la operación disfrutara de demasiada coherencia y se echó en falta desde el principio a una persona dotada de la suficiente visión y autoridad para marcar una estrategia común. Esta persona no podía ser el propio González. Entonces se pensaba que a este último había que darle el trabajo hecho, de modo que su posición como presidente del gobierno no se viera comprometida por su implicación directa en los entresijos de la política partidaria. Se trataba en suma de preservar su imagen ante los electores a quienes  no atrae en absoluto los espectáculos de lucha interna de los partidos.

La persona quizá mejor situada en aquel momento para liderar la renovación era José Bono. Tenía en su contra un pasado guerrista que hacía que algunos contemplaran sus movimientos con desconfianza. A pesar de ello intentó desde el primer momento tomar la iniciativa. Estableció frecuentes contactos con Narcís Serra y procedió a convocar a los más destacados renovadores a reuniones en Toledo tomando como pretexto todo tipo de acontecimientos. Particularmente interesante resultó un encuentro al que fuimos citados a comienzos de 1992 con el propósito de apoyar la candidatura de Raimón Obiols a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. La pertinencia de realizar aquel acto en Toledo podía ser puesta en duda con alguna razón. Resultaba más que evidente que el propósito de Bono iba algo más lejos de lo expresado en las invitaciones oficiales al acto. Se trataba de hacer una demostración de la fuerza con que los renovadores contaban en ese momento, además de ofrecer una plataforma de apoyo interno al vicepresidente Serra cuyos apoyos fuera de Cataluña eran escasos y que además sufría los duros empellones que los guerristas le proporcionaban desde Ferraz. Sirvió también la convocatoria para hacer oficial ante la opinión pública el distanciamiento definitivo entre Guerra y Bono.

Una de las actuaciones que me correspondió realizar como militante del grupo renovador consistió en tratar de convencer al entonces poderoso Joan Lerma, que mantenía una actitud algo ambigua, para que se uniese a nosotros. Esta tarea me fue encomendada en el transcurso de una cena convocada por Joaquín Leguina y que consistió en una especie de estado mayor de renovadores. Asistimos además del convocador y yo mismo, Javier Solana, Joaquín Almunia, Narcís Serra y José Mª Maravall. De allí salí yo con el encargo de trasladarme a Valencia y entrevistarme con Lerma. Se trataba de persuadir a este último de que Felipe González nos apoyaba y que por tanto la federación valenciana debería alinearse con nuestras posiciones.

El entonces presidente de la Generalidad Valenciana me recibió con la simpatía que siempre me manifestaba y me invitó a comer en su despacho. Lo agradable del encuentro no se tradujo en resultados prácticos. Después de algunos circunloquios  Lerma vino a decirme que el se mantendría a la expectativa, y que si Felipe González deseaba su concurso, le gustaría que se lo pidiese personalmente. Creí también deducir de sus palabras una cierta reticencia a embarcarse en lo que él consideraba una “operación de Pepe Bono” con quien entonces mantenía algunos contenciosos institucionales por causa de trasvases y carreteras. Así pues, el viaje a Valencia resultó agradable pero sin ningún resultado aparente. La impresión que trasmití a mi vuelta fue más bien negativa aunque visto con perspectiva, mi gestión debió surtir algún efecto, ya que un año después Lerma, sin duda movido por el propio González, se alineó abiertamente frente a Alfonso Guerra.
La actuación de las  personas bajo la influencia de Lerma resultó decisiva en alguno de los momentos culminantes del enfrentamiento entre Guerra y González.

Este último no se  sentía a gusto en el trabajo cotidiano con la comisión ejecutiva surgida del congreso anterior en la que predominaban los partidarios de Guerra. Aunque algunos de sus componentes ya habían evolucionado hacia las posturas del secretario general, tal era el caso de Cercas, Paramio y Bono, el grueso de los responsables de área continuaban fieles al vicesecretario. Así pues González decidió buscar un ámbito de dirección política en el que las posturas no le fueran tan adversas. Para ello recurrió a reunirse periódicamente con los secretarios generales de las distintas federaciones. En principio no estaba previsto que asistiesen otros miembros de la comisión ejecutiva federal, aparte del propio González, pero al final y supongo que por rebajar las tensiones que se crearon, Felipe consintió en la asistencia de los responsables de área, que le eran todos adversos excepto Cercas y Paramio.

En la primera de aquellas reuniones se abrió un turno de palabra en el que intervinimos diferentes secretarios generales. Yo, con el grado de imprudencia que entonces me caracterizaba, me lancé a exponer un análisis muy crítico de las posturas que en ese momento sostenía la mayoría de la comisión ejecutiva, es decir de las posiciones de Guerra. Entre otras cosas refute con cierto apasionamiento una de las tesis favoritas del vicesecretario en aquellos días y que consistía en afirmar la existencia de una conspiración organizada por el grupo de comunicación Prisa y por la gran banca (eso decía Guerra) dirigida a derechizar el PSOE por el procedimiento de desestabilizar sus órganos de dirección. Aunque a estas alturas ya se ha visto de todo en materia de operaciones organizadas desde grupos de comunicación, sigo profundamente convencido de que Guerra se equivocaba. Años después tuvimos los socialistas ocasión de sufrir ese tipo de acoso y de un origen bien diferente al que entonces se apuntaba desde el guerrismo. Mi intervención mereció enérgicos cabezazos negativos de Alfonso, que como todo el mundo sabe no suele ser económico con sus gestos. Sus partidarios me aludieron en sus intervenciones en términos algo ácidos y me di cuenta de que para ellos era uno de los principales adversarios a batir.

Paralelamente a los movimientos renovadores aparecieron otras iniciativas que, como suele ocurrir en los partidos cuando se desencadenan conflictos internos, trataron de colocarse en una posición intermedia con el propósito de generar un ambiente, como suele llamarse, de integración. Lo cierto es que quienes forman parte de este tipo de movimientos suelen ser gentes prudentes y algo calculadoras que intentan alzarse hasta posiciones de poder por la circunstancia de ser los que menor rechazo provocan en ambas partes. Uno de los más famosos de estos intentos fue el llamado “grupo de las Navas” porque celebraban sus reuniones en las Navas del Marqués. El desarrollo posterior de los acontecimientos posteriores llevó a los participantes en este intento a posicionarse abiertamente en uno u otro bando.

Las consecuencias del asunto Filesa iban también a afectar al clima interno en el partido. Las prácticas de financiación irregulares que pudieran haber existido eran criticadas sin disimulo por los renovadores que les achacaban, entre otros males, efectos perversos para la democracia interna del partido. Esta tesis fue expuesta en diferentes artículos periodísticos, de los cuales el más famoso resultó uno escrito por Joaquín Leguina, quien venía a sostener que los fondos incontrolados se utilizaban por algunos para financiar rebeliones internas contra aquellos líderes que resultaban incómodos para la línea oficial. Este debate contribuyó a enconar las discusiones internas. Las cosas llegaron al límite cuando en la primavera de 1993, el secretario de organización Benegas hizo pública una carta dirigida a Felipe González en la que le anunciaba su intención de dimitir de su puesto ante lo que el consideraba acoso por parte de los que él denominó “renovadores de la nada”. Se quejaba también Benegas de lo que para el eran intentos por parte de algunos compañeros de cargar las responsabilidades del asunto Filesa solamente sobre una parte de la comisión ejecutiva, precisamente aquella en la que el militaba junto a los demás partidarios de Guerra.

Por otro lado Guerra se sentía cada vez más libre a la hora de analizar críticamente la labor del gobierno. Según él, el Ejecutivo estaba practicando una política que se deslizaba demasiado hacia posiciones derechistas y de este giro culpaba de manera directa a Carlos Solchaga y de modo más solapado al propio Felipe González. Estas actitudes, unidas a la crisis que provocó la carta de Benegas, debieron agotar la paciencia de González. En la primavera de 1993 era ya evidente que la situación no podría prolongarse por más tiempo ya que las tensiones comenzaban a afectar la eficacia de la acción de gobierno.

El secretario general del PSOE convocó una reunión de “notables” a la que asistieron partidarios de Guerra, renovadores y alguno de los del citado “grupo de las Navas”, a los que la prensa llamaba “integradores”. En las discusiones no se llegó a acuerdo alguno manteniéndose todo el mundo en sus posturas iniciales, aunque hay que reconocer que algunos como Chaves o Corcuera intentaron con insistencia evitar la ruptura. Esta quedó simplemente aplazada, pero el Presidente del gobierno a la vista del cariz que tomaban los acontecimientos decidió adelantar en unos meses las elecciones generales. Seguramente González pensaría que el clima de confrontación electoral frente al Partido Popular, entonces en alza, contribuiría a mitigar las tensiones internas. Quizá estuviera en su ánimo la idea de que un nuevo triunfo en las urnas alejaría las críticas que desde dentro del partido comenzaban a realizarse contra la política económica dirigida por Solchaga. Por último quedaría con las manos más libres para configurar un nuevo equipo de gobierno más homogéneo y menos influido por las tensiones partidarias. De todos modos Felipe González no es persona que deje traslucir  sus intenciones así que no me atrevo a ser demasiado categórico sobre cuales fueran sus propósitos a la hora de proponer al Rey la disolución de las Cámaras.

La convocatoria anticipada de elecciones representó el punto de ruptura sin retorno de las relaciones entre Guerra y González. Hasta entonces todas las decisiones de esa naturaleza se habían tomado de común acuerdo entre ambos dirigentes. De hecho, como ya hemos tenido ocasión de ver en otros capítulos, era Guerra quien solía encargarse de analizar los puntos a favor y en contra de cada convocatoria electoral y presentaba estos estudios a González que se basaba habitualmente en ellos para tomar su decisión: Esta vez fue totalmente distinto y los asesoramientos, si es que los hubo, le vinieron al Presidente de otras fuentes muy lejanas a Guerra. 






[1] Como un ejemplo más de lo tornadizo de la política, años después Borrell recibiría el entusiasta apoyo de los guerristas en su disputa electoral interna con Almunia por la secretaria general del PSOE
[2] Un caso singular de enfrentamiento era el de Jorge Semprún. Este antagonismo no tenía efectos políticos internos porque el entonces ministro de cultura no era militante del PSOE, pero resultaba muy llamativo para la opinión pública, ya que Semprún concedía entrevistas periodísticas con declaraciones abiertamente contrarias a Guerra
[3] En estos menesteres Aznar aprendió bien la lección. Por ello cuando la actuación de Álvarez Cascos le resultó incomoda, comenzó por eliminarle de su posición de poder dentro del partido manteniéndolo en el gobierno. Sustituir un ministro le es más fácil al jefe de gobierno que alterar los equilibrios dentro del partido
[4] Para quien no esté muy versado en las complicadas estructuras internas del PSOE, aclararé que el comité regional de una federación es el órgano que controla a la respectiva comisión ejecutiva. Haciendo una analogía, puede decirse que se trata de una especie de parlamento interno elegido por  los afiliados.